LA COTIDIANA INJUSTICIA LABORAL

Un prolongado conflicto laboral en la frontera norte revela las complicidades de dueños de maquilas, sindicatos blancos y autoridades laborales para impedir que los trabajadores se organicen contra las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. Esta es la historia de un grupo de obreros que a lo largo de tres años no ha cejado en su empeño de hacer valer sus derechos a pesar de las dificultades.

A sus 22 años, Margarita Avalos es ya una experimentada activista sindical. Desde hace tres años,

esta pequeña mujer y un grupo de trabajadores de la empresa Industria Fronteriza S.A. (IFSA), han mantenido una persistente lucha en defensa de sus derechos laborales.

En 2002 esa empresa fabricante de medias y tobimedias despidió a cinco trabajadores por reclamar el pago de utilidades; cuatro meses después, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) estalló la huelga en IFSA, que terminó beneficiando a la maquiladora pues dejó de pagar sus deudas y las liquidaciones de sus empleados.

Eva Bailón. Trabajadora que perdió un ojo en una maquiladora de Tijuana Fotografía: Laura Cano
Las autoridades laborales tardaron dos años en dar la razón a los trabajadores y embargar en su favor los bienes de la maquiladora. Sin embargo, ahora los dueños pueden recuperarlos comprándolos a bajo precio al mismo sindicato que, además, pretende cobrar a sus afiliados 30% de la transacción.

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Fundada en 1965 por Wolf Model, IFSA fue una de las primeras maquiladoras instaladas en esta ciudad fronteriza. Desde entonces, los obreros intentaron sin éxito mejorar sus condiciones laborales y salariales, pero el contrato de protección en manos del Sindicato 7 de enero de la CROM, sólo ha beneficiado a los patrones.

"Los trabajadores no sabíamos del sindicato porque nunca se paraba en la fábrica, aunque nos descontaban la cuota sindical", cuenta Margarita Avalos mientras despliega un resumen del conflicto en Power Point que ella misma elaboró.

El conflicto comenzó el 5 de junio de 2002, cuando Margarita y cuatro obreros más demandaron el pago de utilidades de ese año. "Al día siguiente, los dueños Eric y Juan Segal y Sofía Model (cuyo verdadero nombre es Nejechifra Modelsky) nos encerraron y amenazaron para obligarnos a firmar la renuncia voluntaria. Sólo uno firmó", relata la activista.

El 24 de junio presentaron una demanda contra la empresa por "despido injustificado" ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. A fines de agosto, esta se declaró incompetente y trasladó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Entonces aparecieron los líderes del Sindicato 7 de enero de la CROM "y junto con el gerente de la empresa encerraron a 60 trabajadores durante 12 horas para que firmaran una suspensión voluntaria de labores, que se convirtió en renuncia sin pago de liquidaciones", dice Margarita.

El 19 de noviembre, los dirigentes de la CROM, en acuerdo con los patrones, impusieron la huelga a 230 trabajadores. "Con el pretexto de hacer respetar el contrato colectivo, el sindicato declara la huelga sin el consentimiento de los trabajadores. Eso permite a la empresa evadir el pago a sus acreedores que buscaban embargarla", denuncia Margarita Avalos.
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El 9 de enero de 2003, Cecilia Tostado, presidenta de la JFCA de Tijuana, suspendió la primera audiencia de los despedidos con el argumento de que "no pudo notificar a la empresa por la huelga".

Ante la falta de respuestas, el 12 de enero, trabajadores y despedidos crearon la Coalición pro Justicia de Trabajadores de IFSA, "para contrarrestar las maniobras de la empresa y el sindicato blanco y convertir la huelga de protección en una huelga obrera", declaran.

Los trabajadores de la Coalición continuaron el movimiento y expulsaron a los dirigentes de la CROM, luego de protestar durante la visita de Vicente Fox a Tijuana el 17 de enero.

Los líderes de la CROM organizaron una asamblea donde reconocieron sus "errores" y prometieron solucionar el conflicto con la condición de que los obreros abandonaran la Coalición. La maniobra prosperó y sólo permanecieron en la Coalición los empleados despedidos.

Entre mayo y septiembre, la presidenta de la JFCA suspendió dos audiencias más, mientras grupos solidarios hicieron una protesta frente al consulado de México en San Diego.

El 4 de octubre se realizó una manifestación binacional frente a la casa de los dueños de IFSA en Chula Vista, California, y ante el Centro Social Israelita de Tijuana, que preside Sofía Model, dueña de IFSA.

La lentitud del proceso legal es tal, que 528 días después que los despedidos presentaron su demanda, se realizó la primera audiencia el 3 de diciembre de 2003.

En el caso de la huelga, la JFCA en el Distrito Federal falló a favor de los obreros el 20 de febrero de 2004, obligando a la empresa a reanudar labores, indemnizar o entregar sus bienes a los trabajadores. Días después, la JFCA en Tijuana resolvió a favor de los despedidos; la reacción del sindicato fue expulsarlos del movimiento.

IFSA perdió tres amparos contra la huelga, pero el Tribunal Colegiado la favorece en el caso de los despedidos y pidió la revisión de su juicio el 30 de septiembre. El juez ratificó su fallo a favor de los demandantes.

En noviembre la JFCA embargo los bienes de IFSA en beneficio de los huelguistas, pero se negó a ejecutarla en favor de los despedidos.

El 10 de febrero de 2005, el Tribunal Colegiado volvió a darle la razón a IFSA y declaró "incorrecto e ilegal el proceso de los despedidos y ordenó un nuevo juicio.

En abril la JFCA de Tijuana canceló la audiencia para iniciar el nuevo juicio de los despedidos. Cuando los trabajadores acudieron a adjudicarse los bienes por falta de compradores, el sindicato ya lo había hecho a su nombre.

El 13 de mayo pasado, la JFCA de Mexicali ordenó iniciar el juicio por los despedidos, pero la Junta de Tijuana la volvió a suspender. A la fecha no se ha iniciado este juicio que ya habían ganado los obreros despedidos.

Según Margarita Avalos, la CROM y la empresa se han puesto de acuerdo para que éste le venda la maquinaria a bajo costo. "Así la empresa gana, no paga a sus acreedores, y recupera sus bienes. Mientras el sindicato quiere cobrar a los obreros 30% de la venta. Todos ganan, menos los trabajadores".

Este caso, como en muchos otros, la justicia laboral es una quimera.

http://www.jornada.unam.mx/2005/07/24/mas-jesus.html

Historias de Maquilatitlan

Jesús Ramírez Cuevas/Tijuanaaquilatitlán

Avala el gobierno a sindicatos blancos y “sataniza” a los democráticos, acusan

■ Líderes de gremios de trabajadores censuran la reciente “andanada contra electricistas”

■ Desaparecer prestaciones y derechos, objetivo oficial al impulsar la reforma laboral, señalan

Patricia Muñoz y Carolina Gómez

En este gobierno se ha generado una “satanización” y una “cacería de brujas” contra sindicatos democráticos que luchan por mejores condiciones salariales y defienden sus contratos colectivos; en cambio, las autoridades no tocan, no desprestigian ni molestan en lo mínimo a los miles de “sindicatos blancos” que venden protección laboral y son “mafias de extorsión”, coincidieron líderes de gremios independientes.

Señalaron que es inverosímil el “golpeteo” sistemático que se da contra sindicatos como el Mexicano de Electricistas (SME) cuando revisan sus contratos colectivos de trabajo.

Sostuvieron que estas acciones revelan el objetivo de fondo del gobierno de Felipe Calderón al impulsar la reforma laboral: la desaparición de las prestaciones y los derechos de los trabajadores.

Los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y de los gremios de pilotos de aviación, de tranviarios, de telefonistas y de mineros, entre otros, señalaron: “no se había dado una andanada contra los electricistas como la que se llevó a cabo en la presente revisión salarial”.

Así, sostuvieron, el mundo laboral está al revés, ya que ahora en México “es delito tener prestaciones, y más si se defienden”, y “lo normal es que los trabajadores no las tengan y sus sueldos sean de miseria”.

Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS, aseveró que existe una “satanización” contra los sindicatos que tienen buenos contratos; “por ejemplo, con el SME se armó toda una campaña de desprestigio, una cacería de brujas, que los trabajadores no se merecen”.

Si quieren aclarar las acciones de los sindicatos, que operan con cuotas de sus agremiados, “primero deberían transparentarse las acciones de los diputados y senadores, de los servidores públicos y del gobierno en general, que sí utilizan los recursos federales”, dijo el también dirigente de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores.

También de esa organización y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez comentó que la embestida contra los sindicatos independientes es la tónica de este sexenio, ya que el gobierno de Calderón ha dejado claro que va por el recorte, la modificación y el acotamiento de prestaciones laborales básicas.

Las organizaciones sindicales, expresó, deben dar una respuesta para detener y hacer un “extrañamiento” por la persecución mediática de los trabajadores.

Por la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, su vocero Leonardo Sánchez expuso que mientras contra unas organizaciones hay persecución porque buscan mejorar sus condiciones laborales, hay miles de “sindicatos blancos” o de protección, a los cuales no se molesta.

“Contra ellos no hay nada, ni persecución, ni desprestigio, ni señalamientos; se les deja operar, no se les exige transparencia, porque son afines al gobierno”, apuntó Sánchez.

A su vez, Benito Bahena, dirigente de la Alianza de Tranviarios de México, advirtió que tal parece que ahora es delito que se vea por los derechos de los trabajadores en un país donde 60 por ciento de los que tienen empleo no tienen ninguna prestación ni seguridad social.

Esa situación, expuso Bahena, “de suyo inverosímil, tiene que llevar a una nueva lucha, porque se quiere hacer creer mediante una campaña mediática que los trabajadores mexicanos no se merecen un buen nivel de vida y contratos colectivos, lo cual es una aberración”.

Fuente: La Jornada

Listas negras en la reforma laboral

Arturo Alcalde Justiniani

El área jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) promueve desde hace tiempo dos modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que considera fundamentales para consolidar el control empresarial sobre los trabajadores. Ambas forman parte del reciente paquete de reformas elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual, de ser aprobado, cancelaría toda posibilidad de democratizar al sindicalismo y lesionaría gravemente el derecho a la contratación colectiva.

La propuesta de la Coparmex consiste en imponer requisitos previos, tanto a los trabajadores que busquen la firma de un contrato colectivo por la vía de la huelga como a los que pretendan cambiar de sindicato; de esta manera, antes de dar trámite legal alguno, las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) obligarían a informar los nombres de los trabajadores inconformes, a demostrar que se han cubierto los requisitos para formar parte del sindicato y finalmente acreditar que existe la relación de trabajo con la empresa demandada. Estas exigencias aparentemente son fáciles de cumplir, pero en la práctica se convierte en el camino más corto a un despido.

La información exigida se convertirá en una auténtica lista negra, que muy pronto estaría en manos de los empresarios, provocando la represión a fin de hacer desistir a los trabajadores de su intento por organizarse o cambiar de sindicato. Estas prácticas ilegales ya son aplicadas en algunas JCA del país. La intención de la Coparmex es que estos mecanismos adquieran carácter legal y se conviertan en obligatorios. La propuesta se envuelve en aparentes fórmulas jurídicas para que puedan pasar encubiertas con otras de menor importancia dentro del paquete de reformas laborales; elegantemente se les denomina “requisitos de procedibilidad o medios de legitimación”, y en su defensa se formula el siguiente argumento: “queremos proteger a las empresas de huelgas fantasmas estalladas por sindicatos sin trabajadores que sólo buscan la extorsión; buscamos evitar demandas de titularidad falsas, por eso proponemos que los sindicatos cumplan previamente con el requisito de exhibir y acreditar las listas de los trabajadores que representan”.

Se trata de una verdad a medias. Es real la extorsión de sindicatos de membrete que acosan a empresarios, sobre todo de la pequeña y mediana industria; suelen hacerlo con violencia y en clara complicidad de los mal llamados “tribunales laborales”, buscando gratificaciones o contratos de protección para recibir una paga periódica, pero el medio idóneo para combatirlos no es nulificando al acceso a la contratación colectiva e imponiendo requisitos que afectarían también a los grupos de trabajadores legítimos. No se trata de tirar el agua sucia de la bañera con todo y niño.

Las redes de extorsión están claramente identificadas y en parte dependen del favor de los propios abogados empresariales que las utilizan a conveniencia; en otros casos subsisten porque las mismas empresas acceden a la extorsión por temor a ser descubiertas en el incumplimiento de sus obligaciones laborales, incluyendo la ausencia de inscripción en seguridad social, la subcontratación ilegal o la existencia de un contrato colectivo firmado a espaldas de los trabajadores. Las JCA suelen ser complacientes con estos vicios pues algunos de sus funcionarios se benefician del negocio. El escenario de impunidad se agrava ante la omisión de las autoridades encargadas de perseguir los delitos, por temor de ser acusadas de reprimir “conflictos laborales”.

Sin duda existe un verdadero clamor de que el tema sea afrontado correctamente y con energía.
La propuesta de listas negras forma parte de una estrategia del sector empresarial más atrasado y autoritario; otros empleadores saben que cerrar las últimas puertas de salida a la organización obrera generaría tan sólo situaciones de hecho. En apoyo a esta línea gubernamental, la legislatura de Jalisco presentó una iniciativa que agrega al artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo dichos requisitos. Son propuestas claramente inconstitucionales, violatorias del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en nuestro país con jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo.

De aprobarse la propuesta patronal sería prácticamente imposible la organización libre de los trabajadores; el temor a exhibir recibos de pago, estampar firmas y cumplir con un discrecional trámite administrativo nulificaría el derecho colectivo del trabajo y consolidaría los contratos colectivos de protección patronal. Por otro lado, muchas pequeñas y medianas empresas, precisamente donde es esencial la organización colectiva, ni siquiera otorgan recibos de pago u otros documentos que acrediten la relación laboral. La situación se agrava si consideramos que la autorización se realiza ante una instancia que es juez y parte; en efecto, las JCA son integradas en su mayoría por el propio representante del patrón y por la organización sindical hegemónica en la región, comúnmente la escogida para el control de los trabajadores.

La propuesta ha generado inquietud en la propia Confederación de Trabajadores de México (CTM) y en el Congreso del Trabajo (CT); si bien es cierto que éstas no pueden ostentarse con credenciales democráticas, tampoco están dispuestas a someterse al designio patronal, más ahora, cuando el panismo ha creado sus propias centrales obreras. Ante esta oposición, la propuesta de reforma laboral se ha retrasado en su entrega a la Cámara de Diputados. La CTM debe valorar que los días 27 y 28 de marzo se constituirá en Panamá la Confederación Sindical de las Américas (CSA), fusionando a la Organización Interamericana de Trabajadores (Orit) y a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (Clat), y que esta nueva organización, de la que la CTM es integrante, tiene entre sus tareas fundamentales impulsar la lucha contra los contratos colectivos de protección patronal.

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/15/index.php?section=opinion&article=020a1pol

Crean trabajadores del Metro sus propias herramientas para arreglar los trenes

■ Las piezas marca Made in Metro ya se comercializan a otros sistemas de transporte

■ Han logrado sacar de talleres 32 unidades; el ahorro al erario fue de 374.4 millones de dólares

Laura Gómez Flores

Las piezas Made in Metro con las que se han arreglado 32 trenes cumplen con las más altas normas de calidad y seguridad, afirmó el director de mantenimiento de material rodante. La imagen, en el taller de mantenimiento mayor Zaragoza

Con utensilios elaborados de material de desperdicio, trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo han inventando las herramientas e insumos necesarios para sacar de talleres 32 trenes, con un ahorro de 374.4 millones de dólares para el erario y miles de horas-hombre, para los usuarios de las líneas 1, 3, 9 y B, donde se han incorporado.

La creatividad de ingenieros y técnicos del Metro ha permitido en menos de un año atender una tercera parte de la demanda de refacciones de los talleres de Ticomán, Azteca, Zaragoza y La Paz en materia de base de pasamanos, sujetadores de asientos, punteras, pastillas, zapatas, anillos y escobillas, entre otras, que eran suministradas por empresas extranjeras mediante licitaciones públicas internacionales.

La “baja” de fabricación, la tardanza en su entrega o el alto costo solicitado por los fabricantes estadunidenses, europeos y asiáticos provocó que el organismo “tomara cartas en el asunto” y buscara el personal más capacitado en máquinas y herramientas, con conocimiento en matrices, programación y modelos para crear sus propias piezas, explicó Carlos Daniel Martínez, director de mantenimiento de material rodante.

Pese a las “suspicacias o críticas que pueda generar, hoy contamos con taller y laboratorio propios, y las piezas que fabricamos llevan la marca Made in Metro, que son identificadas con el icono del organismo, las cuales cumplen con la más alta norma de calidad y de seguridad, pues no vamos a poner en riesgo a los más de 4.6 millones de usuarios que transportamos diariamente”, argumentó.

La creación de la primera fundidora en el sistema, ubicada en el taller de Zaragoza, con inversión de 500 mil pesos, ha permitido que la mitad de lo adquirido en el mercado se recupere, como es cobre electrolítico, bronce, latón y aluminio, que se funden a una temperatura de mil 250 grados, lo cual implica para los trabajadores encargados de esta tarea y del vaciado en moldes de arena comprimida usar equipo especial de seguridad similar al utilizado por los astronautas.

En un arenero cada una de las piezas se enfría durante tres horas; después se envían a otras áreas para su acabado y posterior entrega al laboratorio, donde se revisa su pureza, calidad, calibre y dimensión, entre otros aspectos. En caso de “pasar la prueba de verificación”, la pieza es marcada y certificada. En caso contrario, vuelve a fundirse, pues “un milímetro de diferencia puede averiar un carro y detener el servicio por largos lapsos de tiempo, aunque en ningún caso hablaríamos de descarrilamientos o fallas mayores”, precisó.

Hasta el momento se cuenta con 18 toneladas de desperdicio, que antes se vendía en promedio a 40 pesos kilo, y hoy se utiliza para elaborar alrededor de 14 piezas necesarias para el funcionamiento de los trenes, mediante su fundición, sin descontar que varillas, pedazos de metal de puertas o las partes bajas de los asientos de los carros sirven de “modernas” tijeras, palas o pinzas de extracción de material para los trabajadores del organismo, que siempre “están inventando nuevas herramientas.

“Con ello se deja de depender de proveedores al ciento por ciento, tanto en precio como en tiempo de entrega, y se pueden sacar los 52 trenes que durante la administración pasada quedaron en talleres, por falta de refacciones, aun cuando todavía no elaboramos patentes, partes electrónicas o circuitos, sobretodo de los trenes modelos 1968 y 1973, pero ahí vamos. Con el ingenio mexicano ya logramos que circularan 32, y este año se incorporarán los 20 faltantes, los cuales también tendrán nuestra marca: Made in Metro, la cual ya empezamos a comercializar en otros sistemas de transporte, dijeron los encargados de las áreas de fundición y fabricación de piezas.

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/10/index.php?section=capital&article=043n1cap

Eluden patrones registro a IMSS

El crecimiento de la economía informal, la contratación bajo el régimen de honorarios y la falta de una mayor fiscalización, frenó el número de empresas registradas en el Seguro Social.

Cifras cruzadas del IMSS y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, revelan que sólo una de cada 10 empresas creadas entre 2005 y 2007 fue dada de alta en el Seguro Social.

En ese periodo, los empleadores que registra el INEGI aumentaron en 239 mil, pero el número de patrones que contabilizó el Seguro Social -tomando en cuenta altas y bajas- creció apenas en 23 mil 755.

"Hay un problema muy grande de economía informal y de trabajadores que cobrando sólo por comisiones y honorarios, no tienen protección (ni registro ante el IMSS)", señaló Gabriel Martínez, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Al cierre de 2007, había 826 mil 957 patrones dados de alta en el IMSS, menos de la mitad de los 2.2 millones de unidades económicas reportadas en el Censo Económico del INEGI.

Existen entidades como Durango, en donde la cantidad de patrones se ha mantenido y otras como el Distrito Federal, que registra una caída de 2.4 por ciento en el número de empleadores durante la última década.

Martínez indicó que la evasión de las cuotas obrero-patronales se concentra principalmente entre las pequeñas empresas.

Eduardo Guzmán, especialista en seguridad social, señaló que hay compañías que cumplen con el fisco, pero no con el IMSS, porque al personal lo tienen registrado por honorarios.

Refirió que la Secretaría de Hacienda creó el esquema de honorarios asimilables a salarios, a través del cual muchas compañías le "sacan la vuelta" al IMSS.

Esta figura, explicó, consiste en dar de alta al trabajador por honorarios, pero es el patrón el que le retiene el impuesto y lo entera al fisco.

Guzmán consideró que el Seguro Social no ha hecho la suficiente fiscalización de este tipo de esquemas para evitar la elusión y la evasión de cuotas obrero-patronales, aunque tiene un convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el intercambio de sus bases de datos.

"Se han realizado dos intercambios de información para efectos fiscales y actualmente se trabaja de manera conjunta para estandarizar los formatos del IMSS referentes al registro fiscal y patronal de los contribuyentes con los formatos del SAT", señala al respecto la dependencia hacendaria en un escrito.

Martínez, del CISS, añadió que la disparidad de datos entre el IMSS y el INEGI también obedece en parte a una tendencia a consolidar negocios por parte de los grandes grupos empresariales, es decir, integrar en un solo registro a todas sus empresas.

Fuente: Reforma, lunes 10 de marzo

Ahorros de trabajadores, sujetos a vaivenes de las bolsas de valores

■ Uno de cada cinco pesos de las Afore será invertido en mercados de EU, Europa y Asia

■ El año pasado perdieron $3 mil 700 millones por la inestabilidad financiera en Estados Unidos

■ Para 2008 se calcula que las administradoras de fondos de retiro manejarán un billón de pesos

Roberto González Amador

Uno de cada cinco pesos de las pensiones de los trabajadores mexicanos afiliados a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) será invertido en las bolsas de valores de México, Estados Unidos, Europa y Asia, y por tanto su valor estará sujeto a la evolución de los mercados financieros.

Tal posibilidad fue abierta por una reforma al régimen de inversión de las Afore, aprobada por el Congreso el año pasado y que entrará en vigor este mes.

Con el nuevo régimen, 22 por ciento del portafolio total de las Afore podrá ser invertido en instrumentos de renta variable, esto es, en las bolsas de valores, comentó ayer Francisco González Alcaraz, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Hamah re), entidad que representa a las empresas gestoras de los fondos.

Hasta ahora, las Afore sólo pueden invertir en índices bursátiles 13.5 por ciento del total de los fondos de pensiones que administran. González Alcaraz anticipó ayer que este año los recursos para el retiro, que suman actualmente 828 mil 655 millones de pesos, llegarán a un billón de pesos.

En enero pasado, el ajuste en las bolsas de valores de todo el mundo, asociada a la inestabilidad en los mercados financieros de Estados Unidos, provocó una pérdida de tres mil 700 millones de pesos en el valor de los fondos de pensión de los trabajadores, que son invertidos en esas plazas por las Afore, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Cansar), el organismo regulador del sistema.

El presidente de la Hamah re informó que hasta este mes las Afore mantienen recursos invertidos en bolsas de valores por 70 mil millones de pesos, de los cuales la mitad se encuentran en el mercado mexicano y el resto en las bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia.

Consideró que no existe un riesgo de que los ajustes que sufren los mercados de valores cíclicamente terminen por terminen por generar minusvalías, o pérdidas, en los fondos de retiro de los trabajadores mexicanos que cotizan a las Afore.

“Si permanecen en las bolsas, como son recursos de largo plazo, los movimientos no afectan”, añadió. Explicó que las administradoras tienen estrategias de largo plazo y de diversificación de sus portafolios de inversión, lo que les permite ofrecer rendimientos sobre los recursos invertidos.

Actualmente, cada Afore gestiona los recursos a través de dos sociedades de inversión, conocidas como Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore).
La Siefore 1, que invierte básicamente en instrumentos de renta fija, como los bonos del gobierno, ofreció en 2007 un rendimiento nominal de 13.94 por ciento y de 6.37 por ciento en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación.

En tanto, la Siefore 2, que además de la renta fija tiene invertidos recursos en instrumentos de renta variable, como las acciones de empresas que cotizan en la bolsa, pagó en 2007 un rendimiento de 14.34 por ciento nominal y de 6.74 por ciento en términos reales. Se trata de los menores rendimientos desde 1998, un año después de que comenzó a funcionar el sistema privado de pensiones.

Baja en comisiones
A partir de la próxima semana, las Afore sólo podrán cobrar a los trabajadores afiliados una sola comisión, que será calculada sobre el saldo de la cuenta al final del periodo de referencia. González Alcaraz estimó ayer que esa comisión sobre saldo será, en promedio para el sistema, de 1.70 por ciento.

Ahora las Afore, además de la comisión sobre saldo, están autorizadas para cargar una comisión sobre cada aportación. Esta norma, vigente desde la privatización del sistema en 1997, ha llevado a que en algunos casos las administradoras se queden con una quinta parte del fondo de pensión.
“Con las nuevas reglas el cobro de comisiones será más transparente y los trabajadores tendrán una base mucho más clara para comparar”, aseguró el presidente de la Hamah re. Incluso, dijo, la comisión sobre el saldo que se cobre a partir de este mes no podrá ser mayor a la que se cobraba previamente.

El presidente de la Amafore aseguró que si se hace una comparación entre el monto de recursos administrados y la comisión cobrada por las Afore, el costo para los trabajadores por la gestión de su cuenta para el retiro ha disminuido a la mitad de lo que era hace cuatro años.

“Las comisiones –que hoy son en promedio de 1.72 por ciento– no son ideales y tendrán que seguir bajando”, agregó. Estimó que para 2010, cuando las Afore administren 1.4 billones (millones de millones) de pesos, la comisión promedio del sistema se ubicará en torno a 0.8 o 0.9 por ciento, prácticamente la mitad de lo que es ahora.

*http://www.jornada.unam.mx/2008/03/08/index.php?section=economia&article=021n1eco

OIT: crece cifra de trabajadoras en el orbe; aún son mal pagadas

■ En la pasada década también aumentó el número de desempleadas, señala en informe
■ Consiguen empleos de baja productividad, vulnerables y sin protección social ni derechos
■ La mayoría de naciones, con largo camino por recorrer para lograr su integración económica
Carolina Gómez Mena

Los empleos que se ofrecen a mujeres suelen ser mal pagados y sin prestaciones

La cantidad de mujeres que participan en los mercados laborales del mundo ha aumentado considerablemente, al grado que es la más alta de la historia, pues son mil 200 millones en esa condición. No obstante, estas trabajadoras están más expuestas que los hombres a tener plazas laborales de baja productividad, mal pagadas y vulnerables, sin protección social ni derechos, establece el informe Tendencias mundiales del empleo de las mujeres; marzo 2008, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El estudio refiere que el número de mujeres con empleo aumentó en 200 millones durante la pasada década hasta alcanzar dicha cifra, pero señala que también en el mismo lapso creció el número de desempleadas, de 70.2 a 81.6 millones.

Según este organismo, el mundo laboral constituye un ámbito central en la búsqueda de soluciones a la “desigualdad de género y la falta de progreso de las mujeres”, pero acota que es la promoción del trabajo decente entre las mujeres lo que “potencia a las sociedades y estimula el desarrollo económico y social de todos”.

Advierte también que la proporción de mujeres con empleo vulnerable, es decir, en las categorías de trabajadora familiar o auxiliar no remunerada o por cuenta propia, y no en la de trabajadora remunerada y asalariada, bajó de 56.1 a 51.7 por ciento de 1997 a la fecha. Sin embargo, subraya que la vulnerabilidad sigue afectando a más gente del sector femenil que del varonil, en especial en las regiones más pobres.

Este estudio también señala que en el mundo hay poco menos de 70 mujeres económicamente activas por cada 100 hombres en esa condición, y remarca que la decisión de no integrarse a la fuerza laboral para aquellas no es una opción, sino una imposición cultural.

De igual forma establece que durante la década pasada, el sector de servicios superó al de agricultura como principal proveedor de empleo para las mujeres, tanto así que en 2007 sólo 36.1 por ciento de las mujeres trabajaba en la agricultura, mientras que 46.3 por ciento en servicios, y expone que la tasa mundial de desempleo femenino fue de 6.4 por ciento, frente a 5.7 por ciento de los hombres.

La OIT refiere que para muchas mujeres el cambio de un empleo vulnerable hacia la categoría de trabajo remunerado y asalariado puede representar un paso importante para su independencia económica y autodeterminación, y agrega que mientras más pobre es una región, mayores son las posibilidades de que permanezcan confinadas a los grupos de trabajadoras familiares auxiliares o trabajadoras por cuenta propia.

Subraya que el acceso a los mercados laborales y a un trabajo decente y productivo son aspectos cruciales para una mayor igualdad de género y agrega que en general las políticas para mejorar las oportunidades de participación de las mujeres en los mercados laborales en condiciones de igualdad producen resultados, pero refiere que debido a la lentitud con la cual se producen los cambios, las diferencias aún son considerables.

“La mayoría de las regiones tienen un largo camino por recorrer para lograr la total integración económica de las mujeres y para aprovechar su gran potencial para el desarrollo.”

*http://www.jornada.unam.mx/2008/03/08/index.php?section=sociedad&article=036n1soc

Advierten especialistas proliferación de contratos de protección en México

La venta de convenios laborales entre seudolíderes y empresarios llega a cotizarse hasta en 50 mil pesos, dijeron.

Notimex / La Jornada On Line Publicado: 09/03/2008 15:05

México, DF. En México, 90 por ciento de la contratación colectiva es “de mentiritas” y ese fenómeno pasa, principalmente, en centrales obreras oficiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), pero incluso ha llegado al sindicalismo “independiente y democrático”.

La venta de convenios laborales entre seudolíderes y empresarios llega a cotizarse hasta en 50 mil pesos, pero ese precio puede incrementarse según el giro de la empresa y número de trabajadores.

Esa situación ocurre, sobre todo, en los sectores de servicios, como tiendas departamentales y restaurantes, así como en el aéreo.

Empero ese fenómeno laboral se ha extendido a la administración pública y un ejemplo de ello es el gobierno de la ciudad de México, que es bombardeado por el outsourcing, un problema relacionado con los llamados contratos colectivos de protección.

Para Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en asuntos laborales, 90 por ciento de la contratación colectiva en México es “de mentiritas” y de protección.
Expuso que esa situación se debe a un manejo hábil que realizan algunos representantes empresariales con dirigencias sindicales.

“Es un fenómeno que se ha infiltrado prácticamente en todos lados. Ni la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se salva de tener contratos colectivos de protección”, aseveró.

“La llamada toma de nota a un dirigente sindical por parte de las autoridades laborales se convierte en instrumento de alto valor económico que le permite al líder moverse entre el sector empresarial y centrales obreras. Es decir, este reconocimiento lo puede utilizar para beneficio personal”, explicó Bouzas Ortiz.

Consideró que el artífice de los contratos colectivos de protección fue Arsenio Farell Cubillas, quien decía que a sus amigos no les daba dinero sino una toma de nota y con eso les garantizaba buenos ingresos económicos, siempre y cuando fueran hábiles.

Bouzas Ortiz dijo que ahora que se pretende revisar la legislación laboral es momento para frenar el crecimiento de contratos de protección, que aunque garantizan paz laboral afectan los derechos de los trabajadores y sólo sirven para la simulación.

Por ello, el experto en asuntos laborales llamó a las organizaciones sindicales a que entren en una discusión profunda para ver hasta dónde se quiere flexibilizar la ley.

En el caso de la burocracia existen esquemas paralelos, como es el caso de la contratación de personal que no pertenece al llamado apartado “B” pero trabaja en el sector público.

El especialista enfatizó que las autoridades federales son responsables del crecimiento de los contratos de protección, pues suponen que son ellas las que establecen las pautas de las relaciones laborales, con lo que las cosas funcionarán mejor.

Y agregó: “para imponer decisiones recurren al contratismo de protección o a la tercerización.”
Por su parte, Eduardo Díaz, integrante de la Red de Abogados Laboralistas, advirtió que la venta de contratos colectivos de trabajo es un buen negocio para seudolíderes obreros.

Dicha venta va en aumento y deja grandes ganancias a líderes que carecen de representación verdadera; un contrato puede costar hasta 50 mil pesos, depende del giro de la empresa y del número de trabajadores.

La venta de contratos es una práctica común. “La ley lo permite, porque basta presentar un contrato que garantice las mínimas prestaciones para que sea avalado por la autoridad, sin tomar en cuenta una representación real de trabajadores”.

Por su parte, Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que los empresarios pagan muy caro el costo de un contrato de protección y todo porque no se quiere llegar a una huelga en la que no hay un arbitraje y el tiempo de las mismas puede ser indefinido.

Pero también los sindicatos “pagan un precio caro por el derecho a huelga, sobre todo cuando la mayoría de los trabajadores no lo avalan”, indicó.

“México es el único país que contempla la huelga por solidaridad y nunca se ha utilizado, y no sería raro que los sindicatos negocien este derecho a cambio de tener autonomía plena”, aseveró.
Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México e integrante de la UNT, dijo que los contratos de protección lesionan severamente los derechos de los asalariados.

Advirtió que dicho fenómeno ha crecido y no hay forma de detenerlo. La mayor parte de estos acuerdos laborales están en poder de la CTM y de la CROC.

“Es el caso de Ramón Gómez, quien controla casi seis mil contratos de protección y está vinculado con la CTM”, aseguró Bahena.

“Lo más preocupante de todo esto es que en las juntas Federal de Conciliación y Arbitraje y estatales no mueven los contratos colectivos de trabajo y nadie sabe quién es su titular”.

En el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal “tenemos entendido que hay cerca de siete mil contratos que no tienen movimiento, es decir que no se revisan”, agregó.

El líder sindical abundó que algunos empresarios quieren terminar con el problema de los contratos de protección, pues al final se dan cuenta de que les sale más caro tener un convenio laboral de ese tipo que ofrecer las prestaciones sociales de ley.

Fernando Amezcua Castillo, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, señaló asimismo que los contratos de protección se presentan todos los días.

“¿Qué empresa privada no contrata servicios de intendencia con una empresa de terceros? No los contrata directamente él, sino un tercero. Incluso ha llegado el caso en que los trabajadores deben comprar su herramienta para poder entrar a laborar”, agregó.

“Los que promueven ventas deben tener automóvil, pero no les pagan por la depreciación de su unidad”, explicó. Es decir, los empresarios aplican de facto los cambios que pretenden incorporar a la Ley Federal del Trabajo y caen en una ilegalidad total.

Ganan obreros demanda a STIASRM y El Potrero

Deberán ser reinstalados en sus puestos 48 trabajadores y pagarles diferencia de salarios caídos y prestaciones de cinco años.

Atoyac, Ver. 4 de marzo de 2008. Debido a que la Junta de Conciliación y Arbitraje número 10 de México resolvió a favor de obreros del sindicato independiente del ingenio El Potrero, la empresa deberá reinstalar en sus cargos de costumbre a 48 azucareros en los próximos días.

Abel Hernández Rivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa ingenio El Potrero, recordó que “hace diez años se les aplicó la inconstitucional Cláusula de Exclusión a los obreros que crearon al sindicato, diferente a la sección 23 del Sindicato de Trabajadores del Ingenio El Potrero”.

Señaló que fue “hace 5 años cuando se interpuso una demanda laboral para que fuéramos reubicados en nuestras antiguas áreas de trabajo, pero hasta esta semana la junta de conciliación dio el visto bueno a los obreros, por lo que la empresa y la Sección 23 del STIASRM, tendrán que pagar, tanto los sueldos, como las prestaciones que se les adeudan a los compañeros, así como reubicarlos en el ciclo de reparación de acuerdo a escalafón”.

Recordó que existen diversas demandas contra la empresa y la sección 23 del STIASRM, debido a que lo más de 150 obreros que se retiraron de las filas del sindicato cetemista para crear otro, “fuimos retirados de nuestro trabajo, luego algunos reubicados pero todos gozando parcialmente de nuestros derechos laborales, ya que aún persiste la necedad mezquina del director nacional y sus secuaces de la Sección 23 del STIASRM en continuar afectando los derechos de éstos sabiendo que es ilegal”.

Sin embargo, con la resolución de la Junta de Conciliación “tendrán que pagar tanto los sueldos como las prestaciones que les adeudan, así como reubicarlos en el ciclo de reparación y zafra de acuerdo a escalafón”. “La resolución de la demanda es a favor de 48 trabajadores independientes, quienes tuvieron que demandar luego de trabajar en plazas con menor salario al que debían de tener con respecto a su antigüedad”, expresó y agregó que “por fin se hizo justicia y se respetaron los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, “en esta semana estaremos interponiendo otra demanda laboral por el mismo concepto de hostigamiento sindical, por lo que serán otros 95 obreros del sindicato independiente y otros 15 de la Sección 23 que se salen del sindicato y entran con nosotros, lo que muestra el rechazo a las acciones del secretario general de la Sección 23.

Fuente: Diario El Mundo de Córdoba. 4 de marzo 2008.