La venta de convenios laborales entre seudolíderes y empresarios llega a cotizarse hasta en 50 mil pesos, dijeron.
Notimex / La Jornada On Line Publicado: 09/03/2008 15:05
México, DF. En México, 90 por ciento de la contratación colectiva es “de mentiritas” y ese fenómeno pasa, principalmente, en centrales obreras oficiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), pero incluso ha llegado al sindicalismo “independiente y democrático”.
La venta de convenios laborales entre seudolíderes y empresarios llega a cotizarse hasta en 50 mil pesos, pero ese precio puede incrementarse según el giro de la empresa y número de trabajadores.
Esa situación ocurre, sobre todo, en los sectores de servicios, como tiendas departamentales y restaurantes, así como en el aéreo.
Empero ese fenómeno laboral se ha extendido a la administración pública y un ejemplo de ello es el gobierno de la ciudad de México, que es bombardeado por el outsourcing, un problema relacionado con los llamados contratos colectivos de protección.
Para Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en asuntos laborales, 90 por ciento de la contratación colectiva en México es “de mentiritas” y de protección.
Expuso que esa situación se debe a un manejo hábil que realizan algunos representantes empresariales con dirigencias sindicales.
“Es un fenómeno que se ha infiltrado prácticamente en todos lados. Ni la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se salva de tener contratos colectivos de protección”, aseveró.
“La llamada toma de nota a un dirigente sindical por parte de las autoridades laborales se convierte en instrumento de alto valor económico que le permite al líder moverse entre el sector empresarial y centrales obreras. Es decir, este reconocimiento lo puede utilizar para beneficio personal”, explicó Bouzas Ortiz.
Consideró que el artífice de los contratos colectivos de protección fue Arsenio Farell Cubillas, quien decía que a sus amigos no les daba dinero sino una toma de nota y con eso les garantizaba buenos ingresos económicos, siempre y cuando fueran hábiles.
Bouzas Ortiz dijo que ahora que se pretende revisar la legislación laboral es momento para frenar el crecimiento de contratos de protección, que aunque garantizan paz laboral afectan los derechos de los trabajadores y sólo sirven para la simulación.
Por ello, el experto en asuntos laborales llamó a las organizaciones sindicales a que entren en una discusión profunda para ver hasta dónde se quiere flexibilizar la ley.
En el caso de la burocracia existen esquemas paralelos, como es el caso de la contratación de personal que no pertenece al llamado apartado “B” pero trabaja en el sector público.
El especialista enfatizó que las autoridades federales son responsables del crecimiento de los contratos de protección, pues suponen que son ellas las que establecen las pautas de las relaciones laborales, con lo que las cosas funcionarán mejor.
Y agregó: “para imponer decisiones recurren al contratismo de protección o a la tercerización.”
Por su parte, Eduardo Díaz, integrante de la Red de Abogados Laboralistas, advirtió que la venta de contratos colectivos de trabajo es un buen negocio para seudolíderes obreros.
Dicha venta va en aumento y deja grandes ganancias a líderes que carecen de representación verdadera; un contrato puede costar hasta 50 mil pesos, depende del giro de la empresa y del número de trabajadores.
La venta de contratos es una práctica común. “La ley lo permite, porque basta presentar un contrato que garantice las mínimas prestaciones para que sea avalado por la autoridad, sin tomar en cuenta una representación real de trabajadores”.
Por su parte, Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que los empresarios pagan muy caro el costo de un contrato de protección y todo porque no se quiere llegar a una huelga en la que no hay un arbitraje y el tiempo de las mismas puede ser indefinido.
Pero también los sindicatos “pagan un precio caro por el derecho a huelga, sobre todo cuando la mayoría de los trabajadores no lo avalan”, indicó.
“México es el único país que contempla la huelga por solidaridad y nunca se ha utilizado, y no sería raro que los sindicatos negocien este derecho a cambio de tener autonomía plena”, aseveró.
Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México e integrante de la UNT, dijo que los contratos de protección lesionan severamente los derechos de los asalariados.
Advirtió que dicho fenómeno ha crecido y no hay forma de detenerlo. La mayor parte de estos acuerdos laborales están en poder de la CTM y de la CROC.
“Es el caso de Ramón Gómez, quien controla casi seis mil contratos de protección y está vinculado con la CTM”, aseguró Bahena.
“Lo más preocupante de todo esto es que en las juntas Federal de Conciliación y Arbitraje y estatales no mueven los contratos colectivos de trabajo y nadie sabe quién es su titular”.
En el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal “tenemos entendido que hay cerca de siete mil contratos que no tienen movimiento, es decir que no se revisan”, agregó.
El líder sindical abundó que algunos empresarios quieren terminar con el problema de los contratos de protección, pues al final se dan cuenta de que les sale más caro tener un convenio laboral de ese tipo que ofrecer las prestaciones sociales de ley.
Fernando Amezcua Castillo, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, señaló asimismo que los contratos de protección se presentan todos los días.
“¿Qué empresa privada no contrata servicios de intendencia con una empresa de terceros? No los contrata directamente él, sino un tercero. Incluso ha llegado el caso en que los trabajadores deben comprar su herramienta para poder entrar a laborar”, agregó.
“Los que promueven ventas deben tener automóvil, pero no les pagan por la depreciación de su unidad”, explicó. Es decir, los empresarios aplican de facto los cambios que pretenden incorporar a la Ley Federal del Trabajo y caen en una ilegalidad total.
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